Las claves del RD-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores

Recientemente, el Gobierno ha aprobado numerosas medidas para hacer frente a la subida de los precios de la electricidad, aumentar la protección de los ciudadanos y contribuir a la transición energética. Dichas medidas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el 5 de octubre con el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores y se pueden dividir en tres grandes bloques:
  • Medidas de protección de los consumidores (pobreza energética y protección de consumidores de electricidad)
  • Autoconsumo de electricidad
  • Movilidad sostenible
A continuación, vamos a ofrecer un resumen de las principales medidas que se incluyen dentro de cada apartado, con el fin de ayudar a comprender qué cambios implican y cuál es su importancia.

Medidas de protección de los consumidores- Otras medidas de protección de los consumidores de electricidad


Cambios en la factura de luz
Las medidas aprobadas para este apartado pretenden ayudar al consumidor a conseguir las mejores condiciones de contratación de electricidad y a reducir su factura de luz.

En primer lugar, mencionaremos la tan comentada medida que suprime el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, así como el Impuesto sobre Hidrocarburos (que se aplica en la generación de gas y se conoce como “céntimo verde”). Se estima que la eliminación de ambos impuestos supondrá una bajada del 7% en la factura de la luz (un 4% corresponde al impuesto de la generación eléctrica y un 3% al impuesto sobre hidrocarburos). Ambos impuestos se han eliminado durante seis meses, plazo en el Gobierno se plantea aprobar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, con la que -entre muchas otras cosas- se decidirá si estos impuestos se suprimen definitivamente, se modifican o se mantienen tal y como funcionaban originalmente.

Por otra parte, se establece que las comercializadoras de referencia deberán informar a través de las facturas a aquellos consumidores que cumplan las condiciones para acogerse a los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC)*. También deberán indicar a aquellos que ya tengan contratado el PVPC cuánto hubieran abonado si se les hubiera aplicado una tarifa con discriminación horaria.

Se modifican las posibilidades de contratación de la potencia eléctrica, para lograr mayor ahorro y eficiencia. A partir de ahora, si se dispone de contador digital, la potencia se podrá contratar en múltiplos de 0,1 para poder ajustarla más a las necesidades (siempre que la potencia contratada no supere los 15kW).

Por otra parte, se prohíbe a las comercializadoras de electricidad y de gas natural llevar a cabo acciones publicitarias mediante visitas a domicilios (método de venta conocido como “puerta fría”).

Siempre respetando la actual ley de protección de datos, pero se ha regulado el acceso de las comercializadoras a la información de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan estudiarla y ofrecerles mejoras en la contratación o plantearles medidas de eficiencia energética.

Por último, cabe destacar que se endurece el castigo a las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, ya que antes debían ser primero sancionadas y luego inhabilitadas y ahora podrán ser inhabilitadas directamente.

Medidas de protección de los consumidores- pobreza energética y consumidores vulnerables

El fin de las medidas incluidas en este apartado es ofrecer una mayor cobertura y protección a los ciudadanos que cuentan con pocos recursos. El objetivo es ampliar las ayudas que el Gobierno ofrece a los consumidores considerados vulnerables para paliar la subida que los precios de la electricidad han experimentado en los últimos meses. Así, se abren las posibilidades para acceder a beneficios y descuentos en la factura de la luz e incluso se les protege ante posibles cortes de suministro. Estas ayudas son las que se recogen en el llamado bono social de electricidad, sobre el que podéis consultar más información en otro de nuestros posts: ¿Qué es el bono social de electricidad? Además, se crea el bono social térmico, para ayudar a pagar la calefacción y el agua caliente. Este bono se aplica a cualquier tipo de energía y el importe económico varía según la renta y las condiciones climatológicas del lugar de residencia.

Autoconsumo de electricidad

Autoconsumo electrico
Las medidas contempladas en este apartado tienen como objetivo facilitar la integración de las energías renovables en España y la transición hacia un modelo energético limpio. Con ello, se persigue que nuestro país cumpla los objetivos establecidos por la Unión Europea para 2020, con los que se persigue que el 20% del consumo energético provenga de fuentes renovables; así como los objetivos recogidos en el Acuerdo de París para 2030 y 2050 (se trata de un plan de acción mundial para limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C).

La medida más destacada en este ámbito es la eliminación del “impuesto al sol”, que podría actuar como barrera para el autoconsumo eléctrico en España. A partir de ahora, se establecen tres claros principios:
  • Los trámites burocráticos y técnicos a seguir serán más sencillos. Por ejemplo, solo deberán registrarse las instalaciones mayores de 100kW en suministro con autoconsumo de energía eléctrica y podrán hacerlo de forma telemática, declarativa y gratuita.
  • Queda reconocido el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala.
  • Queda reconocido el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.
 Por otra parte, se establece una prórroga excepcional para los permisos de acceso y conexión anteriores a la Ley 24/2013, que caducarían el 31 de diciembre de 2018. Dicha prórroga, fijada hasta el  31 de marzo de 2020, hará posible que entren en funcionamiento en 2020 los 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de energías renovables y en procedimientos anteriores.

Por último, se podrían mencionar dentro de este apartado las medidas referentes a la energía reactiva*, que obligarán a realizar mejoras en las instalaciones para evitarla y, si no se acometieran, incluso se suspendería el derecho de acceso a las redes. Esto ocurrirá cuando un consumidor con potencia contratada superior a 15 KW tenga un consumo de energía reactiva superior a 1,5 veces el de energía activa en tres o más mediciones. A partir de ahora, el procedimiento establece que la empresa distribuidora deberá comunicárselo a la Comunidad Autónoma y esta será quien establezca un plazo para que se solucione el problema.

Como siempre que nos es posible, te ofrecemos nuestra, ya que en DPV somos expertos en la instalación de baterías de condensadores para compensar la energía reactiva.

Movilidad sostenible

Vehiculo electrico
En este apartado se contemplan modificaciones para tratar de solucionar uno de los aspectos que pueden complicar la compra de vehículos eléctricos: la escasa existencia de puntos de recarga públicos. Con el objetivo de que estos proliferen, se ha eliminado la figura del gestor de cargas (establecida con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico). Esto significa que el mercado se liberaliza y cualquier consumidor podrá instalar un punto de recarga y cobrar por ella. Aunque queda pendiente de regulación, lo que sí es seguro es que todos los puntos de recarga deberán cumplir con la normativa y las medidas de seguridad vigentes y deberán estar inscritos en un registro para facilitar el seguimiento de su actividad. Además, dicho registro servirá para elaborar un  listado con la ubicación de todos los puntos de recarga, que estará gestionado por  las Comunidades Autónomas y que los ciudadanos podrán consultar online. 



*La energía reactiva se genera por el funcionamiento de determinados aparatos eléctricos que utilizan bobinas. No la consumimos ni podemos sacar provecho de ella, pero se penaliza económicamente en la factura de luz porque las distribuidoras sí tienen que transportarla.  Se mide en kVArh (kilo voltio-amperio reactivo hora).

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